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La abogacía con propósito: más allá de la rentabilidad

Durante décadas, el éxito de los despachos de abogados se midió en cifras: número de clientes, facturación anual, expansión internacional. Pero el contexto actual exige otra mirada. En una sociedad marcada por la desigualdad, la crisis climática y la desconfianza hacia las instituciones, la abogacía se enfrenta a un desafío ineludible: demostrar que su función no se limita a generar beneficios, sino a aportar un valor social tangible. De ahí surge la idea de la abogacía con propósito.

No se trata de una etiqueta de marketing, ni de un simple añadido reputacional. La abogacía con propósito significa ejercer la profesión con la convicción de que el

derecho es una herramienta de transformación. Significa integrar en la práctica jurídica compromisos claros con la sostenibilidad, la equidad y los derechos humanos. Significa que detrás de cada contrato, de cada asesoría y de cada litigio, exista una reflexión sobre el impacto social y ambiental de las decisiones.

El cambio es visible. Grandes despachos han incorporado departamentos de “Environmental, social, and governance” (ESG) y responsabilidad social; cada vez más firmas asumen casos pro-bono de forma estratégica; y muchos jóvenes abogados eligen trabajar en entornos que reflejen sus valores, aunque ello suponga renunciar a mayores ingresos. La presión de clientes e inversores, además, apunta en la misma dirección: ya no basta con conocer la ley, hay que demostrar cómo se aplica en favor de una economía y una sociedad más responsables.

El reto, sin embargo, es evitar la superficialidad. La abogacía con propósito no puede quedarse en discursos inspiradores o informes de sostenibilidad que adornan páginas web. Requiere decisiones concretas: rechazar clientes cuyas prácticas vulneran derechos fundamentales, priorizar la transparencia en la gestión de los asuntos, y abrir espacios de participación para que las comunidades afectadas tengan voz en los procesos legales que las conciernen.

La abogacía es, en esencia, un servicio público, aunque se ejerza desde la esfera privada. Su razón de ser es proteger derechos, garantizar justicia y generar confianza en el marco normativo que organiza la vida social. Recuperar ese sentido trascendente es lo que hoy llamamos propósito. Y en un mundo en crisis, el propósito no es un lujo: es la única forma de que la profesión mantenga su legitimidad y su relevancia.

Medidas Concretas: Analicemos cuantas de estas medidas hemos adoptado o podemos adoptar

1. Integrar criterios ESG en la gestión del despacho

Adoptar políticas internas alineadas con los estándares de Environmental, Social & Governance (ESG).

Ambiental: reducir el consumo de papel, elegir proveedores sostenibles, compensar huella de carbono.

Social: promover la diversidad, la igualdad de oportunidades y la conciliación laboral.

Gobernanza: transparencia en la toma de decisiones, códigos éticos accesibles y canales de denuncia interna.

Y en especial, debemos tener una gestión responsable no solo del consumo físico si no digital, Veamos:

La sostenibilidad no se limita a dejar de imprimir. El almacenamiento masivo de datos, correos antiguos, copias duplicadas, archivos caducados también consume energía y recursos en servidores.

Por ello, un despacho comprometido debería:

1.     Revisar y depurar periódicamente sus bases de datos, correos y archivos digitales, eliminando información obsoleta o irrelevante.

2.     Establecer políticas de retención de datos, con plazos claros para su conservación y borrado seguro.

3.     Optimizar el uso del almacenamiento en la nube, priorizando proveedores con energías renovables y certificaciones verdes (como ISO 14001 o CarbonNeutral®).

4.     Evitar el envío masivo de correos innecesarios y promover buenas prácticas digitales: uso de enlaces compartidos en lugar de adjuntos pesados, compresión de archivos, etc.

5.     El objetivo es claro: una huella ecológica cero tanto en papel como en bits.

2. Formalizar el compromiso pro-bono

Institucionalizar una política pro-bono estructurada, con objetivos cuantificables (por ejemplo, dedicar el 3 % de las horas facturables a proyectos de impacto social). Colaborar con entidades que hagan el bien social

Priorizar casos que fortalezcan derechos humanos, acceso a la justicia o protección medioambiental y publicar un informe anual de resultados pro bono.

3. Evaluar el impacto social de cada asunto

Antes de aceptar un cliente o proyecto, aplicar un análisis de impacto ético y social:

¿Las prácticas del cliente respetan los derechos humanos? ¿La operación o litigio tiene consecuencias negativas sobre comunidades o el medio ambiente? ¿El despacho puede influir para mitigar esos impactos?
Incluir esta evaluación como parte del “due diligence” reputacional del cliente.

4. Promover la educación jurídica y el acceso a la justicia

Crear programas de formación jurídica gratuita para colectivos vulnerables o estudiantes sin recursos, desarrollar clínicas jurídicas o alianzas con universidades.

Utilizar medios digitales para divulgar información legal en lenguaje accesible.
Esto refuerza el papel social del abogado como agente de conocimiento y transformación.

5. Medir y comunicar el propósito

Establecer indicadores de desempeño social (KPI) junto a los financieros: horas de voluntariado, porcentaje de proyectos sostenibles, satisfacción de comunidades beneficiadas, publicar un informe de sostenibilidad jurídica anual y comunicar con transparencia el propósito que no se presume, se demuestra con datos.

6. Fomentar una cultura interna de propósito

El propósito debe vivirse desde dentro:

Formar a los abogados jóvenes en ética, sostenibilidad y derechos humanos y vincularlos a la evaluación del desempeño al impacto social o a la contribución pro-bono finalmente crear comités internos de diversidad, igualdad y medio ambiente.

7. Rechazar asuntos contrarios al propósito

Una abogacía con propósito implica decir no cuando un cliente o caso entra en conflicto con los valores declarados del despacho.

Conclusión

La abogacía con propósito no es una tendencia pasajera, sino la evolución natural de una profesión que busca reconciliar la excelencia técnica con la responsabilidad social.

Los despachos que integren medidas concretas de sostenibilidad, ética y transparencia no solo protegerán su reputación si no que se convertirán en actores clave de la transformación jurídica global.

El propósito no es un complemento, es el nuevo estándar de legitimidad profesional.